Siguen los asesinatos en Perú bajo régimen de Boluarte (+Armas de guerras)
Con el deceso ocurrido en Lima, ya son 58 las víctimas mortales, de acuerdo con los datos de la Defensoría de Perú. Los medios internacionales cifran el lamentable saldo en 65. Fotos @WaykaPeru
VEA / Yuleidys Hernández Toledo
Un (1) hombre de 55 años falleció el sábado 28 de enero, en Lima, producto de la represión del régimen de Dina Boluarte, durante las manifestaciones que lidera desde el 7 de diciembre el pueblo peruano contra el régimen de facto. El deceso fue confirmado por la Defensoría del Pueblo de esa nación, que precisó que la víctima fue Víctor Santisteban Yacsavilca.
Sobre esta muerte hay versiones encontradas. El Ministerio del Interior de Perú, asegura en un comunicado, difundido en su cuenta en la red digita Twitter que, Santisteban Yacsavilca fue atendido en el Hospital Grau «por una herida contuso cortante detrás de la oreja producto de un golpe».
Por su parte la congresista peruana y defensora de derechos humanos Ruth Luque, informó que «Yo fui a Hospital Grau directamente hablé con Jefe de guardia y la información que se me brindó fue: Víctor Santiesteban Yacsavilca fallecido 20.50pm con TEC grave con masa cerebral expuesta». Ante estos hechos, la funcionaria solicitó a la Fiscalía de Perú iniciar «con urgencia investigaciones. No a la impunidad». De esta forma respondió al comunicado del Ministerio de Interior.
La noche del sábado, Luque escribió en su cuenta en la red digital Twitter: «Salí hace minutos del Hospital Emergencias Grau. Se me informa que ingresaron 2 personas. Una de ellas ha sido trasladada al Hospital Almenara por TEC grave. La otra persona falleció a 20.50pm, con TEC grave. Una dolorosa noticia que exige urgentes rptas políticas».
Con el deceso ocurrido en Lima, ya son 58 las víctimas mortales, de acuerdo con los datos de la Defensoría de Perú. Los medios internacionales cifran el lamentable saldo en 65.
Durante las protestas del sábado se registraron varios heridos. Así lo informó la Defensoría peruana.
«Realizamos el seguimiento de la atención de salud en el Hospital Guillermo Almenara del herido grave Taine Isidoro Bedon Maguiña. Estamos también en los hospitales que recibieron heridas/os, como producto de las protestas, para garantizar el derecho de la salud de todas/os. Asimismo nuestras/os comisionadas y comisionados se encuentran verificando la correcta atención de salud de las/los policías heridas/os en el hospital de @PoliciaPeru», escribió la Defensoría en dos mensajes.
Armas de guerra contra manifestantes
De acuerdo con una investigación del medio digital independiente Ojo Público, los cuerpos de seguridad peruano habrían utilizado armas de guerra contra los manifestantes.
«Un análisis de las necropsias e informes balísticos revisados por OjoPúblico confirman el uso de armas de guerra (fusiles) y otras letales (pistolas) por parte de las fuerzas del orden, para reprimir a los manifestantes», reza parte de la investigación divulgada este domingo 29 de enero, por el medio nacido en septiembre de 2014, bajo el lema “Las historias que otros no te quieren contar”.
«Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia se reportan 48 personas muertas directamente durante las protestas (47 civiles y un policía). Además, otros 10 civiles han fallecido en accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos de carreteras. En la mayoría de las necropsias de las muertes directas ‘se consigna como agente causante de la muerte: proyectil de arma de fuego'», agrega el medio.
Contexto
Desde el 7 de diciembre de 2022, cuando fue depuesto el presidente Pedro Castillo, se registran manifestaciones en Perú para exigir la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la liberación del ahora exmandatario. El día más letal fue el lunes 9 del primer mes de este año, cuando 18 personas fallecieron en Juliaca, Puno, lugar donde se registró una fuerte represión del régimen de facto.
El martes 10 de enero, en horas de la noche, la Fiscalía de Perú informó que decidió iniciar una investigación preliminar contra la presidenta de facto, Dina Boluarte, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones, entre los meses de diciembre 2022 y enero 2023, en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Tres (3) días antes, la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra Boluarte y varios ministros de su Gabinete, por la muerte de 28 personas durante las protestas ocurridas en diciembre.
El sábado 14 de enero, el régimen de Boluarte decretó un estado de emergencia en Lima, el Callao, Puno y Cusco, que suspenderá varios derechos constitucionales. El decreto, publicado en la Gaceta Oficial cerca de la medianoche del sábado, autoriza a las fuerzas militares a intervenir junto a la Policía para “resguardar” el orden público.
El jueves 26 de enero, el Ministerio Público informó que abrió 11 investigaciones fiscales, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, para determinar a los responsables de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones que se desarrollan en el país contra el gobierno y el Congreso, recordó tres días después Ojo Público.
