Venezuela en desacuerdo con decisión de CPI de autorizar reanudación de investigación

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

«La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su desacuerdo con la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) de autorizar la reanudación de la investigación por parte de la Fiscalía de la CPI, en el asunto denominado ‘Venezuela I». Así lo estableció este martes 27 de junio el Gobierno nacional a través de un comunicado.

Este caso, «Venezuela I» se refiere a presuntos delitos que habrían sido cometidos desde, al menos, abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos.

El Gobierno nacional anunció «Venezuela recurrirá de esta decisión ante la Sala de Apelaciones, al tiempo que continuará haciendo uso de las acciones previstas en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación».

De igual forma denunció que, «desde el mismo momento en que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició el Examen Preliminar en febrero de 2018 y a lo largo de todo el proceso, Venezuela ha denunciado la intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos, vinculados con la estrategia de “cambio de régimen” impulsada por las autoridades de Estados Unidos de América».

El 8 de mayo de este año Venezuela celebró la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, CPI, en relación con el denominado asunto “Venezuela I”. «La referida decisión reconoce que el informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional sólo recoge las opiniones de “víctimas potenciales”, determinando así expresamente que, hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal por la Corte Penal Internacional».

A continuación texto íntegro

La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su desacuerdo con la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) de autorizar la reanudación de la investigación por parte de la Fiscalía de la CPI, en el asunto denominado “Venezuela I”.

Desde el mismo momento en que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició el Examen Preliminar en febrero de 2018 y a lo largo de todo el proceso, Venezuela ha denunciado la intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos, vinculados con la estrategia de “cambio de régimen” impulsada por las autoridades de Estados Unidos de América.

Como parte de esa estrategia, operadores políticos nacionales e internacionales han pretendido sostener una acusación de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido, a partir de la deliberada manipulación de un reducido conjunto de delitos contra los derechos humanos que han sido o están siendo investigados y sancionados por las autoridades del Sistema de Justicia venezolano.

En este sentido, Venezuela lamenta que esta decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares se preste para alentar y contribuir con esta maniobra, que claramente desnaturaliza la razón de ser de la Corte Penal Internacional y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional a pesar de toda la información que ha sido puesta a su disposición.

La República Bolivariana de Venezuela recurrirá de esta decisión ante la Sala de Apelaciones, al tiempo que continuará haciendo uso de las acciones previstas en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación, contra esta ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y a los objetivos que se persiguieron con su creación.

Contexto

Desde hace varios años Venezuela viene denunciando la persecución de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y medios de derecha, que impulsan una campaña para que la CPI tome acciones contra el Gobierno nacional.

El 3 de noviembre de 2021 fue firmado un Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Corte Penal Internacional (CPI). La firma del documento se da luego de que el Fiscal de la CPI concluyera el examen preliminar conocido como la «Situación de Venezuela I» y determinara «abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma». Este caso se refiere a presuntos delitos que habrían sido cometidos desde, al menos, abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos.

En esa oportunidad Venezuela interpretó sobre esta decisión «que no se cumplen los requisitos del artículo 53, numeral 1 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la de investigación». En esta fase I «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra una persona», dice el documento.

En noviembre de 2022 el entonces ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Carlos Faría, lamentó a través de su cuenta de Twitter la decisión de la CPI de solicitar ante la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para retomar la investigación contra la República Bolivariana de Venezuela. La publicación del entonces canciller condenaba que los motivos del fiscal Karim Ahmad Khan, de la CPI, se basen en investigaciones de «fuentes secundarias guiadas por intereses políticos».

El Gobierno nacional presentó el martes 28 de febrero de 2023 ante la CPI «un escrito con el cual desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puestas en marcha para acusar a Venezuela de unos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido». La información la dio a conocer en esa oportunidad la Cancillería venezolana a través de un comunicado.

En aquella oportunidad Venezuela también denunció «las diferentes irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados de la Fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha Corte».

El lunes 3 de abril el canciller Yván Gil denunció que las declaraciones realizadas contra Venezuela por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, demuestran una visión prejuiciada contra el país que instrumentaliza la justicia y los derechos humanos con fines políticos. En un comunicado compartido por la Cancillería precisaba que los señalamientos del fiscal «reproducen sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos, con fines políticos, en perjuicio de la seriedad y rigurosidad que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia”.