Presidenta y Congreso de Perú en pugna por adelanto de elecciones: «Nos vamos todos», dice Boluarte

VEA / Yuleidys Hernández Toledo

En medio de las protestas que vive Perú, la presidenta de facto de ese país, Dina Boluarte, emplazó al Congreso a aprobar el adelanto de elecciones generales para octubre de este año, al tiempo que advirtió que de no aprobarse esta medida, el Ejecutivo presentará dos iniciativas legislativas de reforma constitucional para que se concreten los comicios generales este 2023.  

Sus declaraciones pronunciadas el domingo 29 de enero, se dieron luego que el Congreso de Perú rechazara la madrugada del sábado un adelanto de las elecciones generales para 2023, tal como había pedido Boluarte.

Indicó que la primera propuesta es “debatir una reforma constitucional para que las elecciones generales sean indefectiblemente este año 2023. La primera vuelta en octubre y la segunda, de ser el caso, en diciembre”.

Boluarte sostuvo que la segunda propuesta es un proyecto de ley donde se propone que el próximo Congreso elegido le encargue a la Comisión de Constitución, la reforma total de la Constitución de 1993,  aprobada durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Está previsto que este lunes 30 de enero, el Congreso debata el pedido para reconsiderar el rechazo decidido el sábado del adelanto de elecciones para octubre de 2023, por una mayoría de 65 votos contra 45.

«Señoras y señores congresistas, tienen que entender su responsabilidad histórica. (…) Tienen la oportunidad de ganarse la confianza del país, atendiendo esta demanda tan esperada por el pueblo peruano. Voten por Perú, a favor del país, adelantando las elecciones de 2023, y digámosle a Perú entero, con la más alta responsabilidad, que nos vamos todos», expresó al finalizar su discurso.

Contexto

Desde el 7 de diciembre de 2022, cuando fue depuesto el presidente Pedro Castillo, se registran manifestaciones en Perú para exigir la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la liberación del ahora exmandatario. El día más letal fue el lunes 9 del primer mes de este año, cuando 18 personas fallecieron en Juliaca, Puno, lugar donde se registró una fuerte represión del régimen de facto.

El martes 10 de enero, en horas de la noche, la Fiscalía de Perú informó que decidió iniciar una investigación preliminar contra la presidenta de facto, Dina Boluarte, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones, entre los meses de diciembre 2022 y enero 2023, en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Tres (3) días antes, la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra Boluarte y varios ministros de su Gabinete, por la muerte de 28 personas durante las protestas ocurridas en diciembre.

El sábado 14 de enero, el régimen de Boluarte decretó un estado de emergencia en Lima, el Callao, Puno y Cusco, que suspenderá varios derechos constitucionales. El decreto, publicado en la Gaceta Oficial cerca de la medianoche del sábado, autoriza a las fuerzas militares a intervenir junto a la Policía para “resguardar” el orden público.

El jueves 26 de enero, el Ministerio Público informó que abrió 11 investigaciones fiscales, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, para determinar a los responsables de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones que se desarrollan en el país contra el gobierno y el Congreso, recordó tres días después Ojo Público.

Hasta el sábado 28 de enero, ya son 58 las víctimas mortales, de acuerdo con los datos de la Defensoría de Perú. Los medios internacionales cifran el lamentable saldo en 65.